Nacionales

A los 74 años Murió Patricia Walsh, la hija del autor de Operación Masacre que impulsó la nulidad de las leyes de impunidad

La exdiputada nacional y referente de la izquierda falleció este jueves, tras sufrir complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica. Tuvo un papel central en el proyecto que permitió anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y reabrir los juicios por delitos de lesa humanidad.

Patricia Walsh, exdiputada nacional, dirigente del Frente de Izquierda y militante por los derechos humanos, murió este jueves por la mañana, luego de atravesar complicaciones derivadas de una reciente intervención quirúrgica por la que permanecía internada.

Hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh, autor de Operación Masacre, y de Elina Tejerina, construyó una extensa trayectoria política y legislativa, marcada por la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Su principal aporte institucional fue el impulso del proyecto para declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, una iniciativa que abrió el camino para reanudar los juicios contra los responsables de los crímenes de la última dictadura cívico-militar.

image

Nacida en Buenos Aires en 1952, Walsh desarrolló su militancia política desde joven y combinó su actividad partidaria con el trabajo periodístico y la defensa de los derechos humanos. También fue candidata a presidenta de la Nación en dos oportunidades y ocupó una banca en la Legislatura porteña.

image

La historia familiar y su militancia por los derechos humanos

La historia personal de Patricia Walsh estuvo atravesada por el terrorismo de Estado. Su padre, Rodolfo Walsh, fue secuestrado y desaparecido el 25 de marzo de 1977, un día después de difundir su histórica Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar. Su hermana, María Victoria Walsh, murió durante un operativo represivo en 1976, en un episodio conocido como la Masacre de la calle Corro.

En el plano laboral, Patricia había ingresado en 1975 a la Oficina de Prensa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde también se desempeñó como delegada gremial. Tras el golpe de Estado de 1976, fue despedida y recién consiguió su reincorporación en el marco de la recuperación democrática.

En 1984 denunció ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) el secuestro y la desaparición de su padre. Años más tarde, se sumó a la agrupación HIJOS., integrada por hijos e hijas de víctimas del terrorismo de Estado, y participó de distintas iniciativas judiciales para esclarecer los crímenes de la dictadura.

imageSu compromiso con esa agenda se mantuvo durante décadas. Fue querellante en causas vinculadas con los delitos cometidos en la ESMA y reclamó justicia por el asesinato de su hermana María Victoria y otros jóvenes durante la Masacre de la calle Corro.

El proyecto que impulsó la nulidad de las leyes de impunidad

El capítulo más trascendente de su trayectoria política tuvo lugar durante su paso por el Congreso de la Nación. En 2001, Walsh fue elegida diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, en representación de Izquierda Unida, una alianza conformada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Comunista.

Desde su banca, presentó un proyecto para declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que habían limitado la posibilidad de juzgar a los responsables de los crímenes de la última dictadura.

La iniciativa también contemplaba la nulidad de los indultos presidenciales firmados por Carlos Menem. Sin embargo, el texto que finalmente consiguió respaldo parlamentario se concentró en las dos leyes de impunidad.

Walsh insistió durante meses para conseguir que el Congreso tratara el proyecto. Después de varios intentos frustrados por falta de quórum, el 12 de agosto de 2003 la Cámara de Diputados le otorgó media sanción a la iniciativa.

Nueve días después, el 21 de agosto, el Senado convirtió el proyecto en la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521). La norma fue promulgada por el entonces presidente Néstor Kirchner el 2 de septiembre de ese año.

El proceso tuvo otro paso decisivo en junio de 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes y ratificó la validez de su nulidad. La decisión permitió consolidar la reapertura de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad.

La iniciativa legislativa de Walsh quedó así asociada a uno de los hitos institucionales de la política de derechos humanos en la Argentina y a la posibilidad de avanzar en el juzgamiento de cientos de responsables de crímenes cometidos durante la dictadura.

Su trayectoria política y su paso por la Legislatura porteña

Además de su actividad parlamentaria en el Congreso, Walsh tuvo una extensa participación en la vida electoral argentina. Fue candidata presidencial de Izquierda Unida en 1999 y 2003, y también compitió por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

image

En 2007 regresó a la función legislativa al ser elegida diputada de la Ciudad por el MST-Nueva Izquierda. Su mandato se extendió hasta 2010, período en el que presentó iniciativas relacionadas con la salud pública, los derechos humanos y la equidad de género.

Durante esos años también recibió los Premios Parlamentarios correspondientes a 2008 y 2009, en reconocimiento a su labor legislativa.

En las siguientes contiendas electorales mantuvo su participación en espacios de izquierda y construyó alianzas con otras fuerzas políticas. En 2011 se vinculó con Proyecto Sur y, en 2015, fue propuesta como candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad por el Frente Camino Popular, acompañando a Claudio Lozano.

Entre las principales causas que defendió a lo largo de su recorrido político estuvieron la legalización del aborto, el cupo femenino, la defensa de los derechos humanos y el rechazo a la criminalización de la protesta social.

La muerte de Patricia Walsh cierra una trayectoria política atravesada por la historia de su familia y por una extensa militancia en favor de los derechos humanos. Su nombre quedó ligado a la anulación de las leyes de impunidad y a uno de los pasos fundamentales para la reapertura de los juicios por los crímenes de la última dictadura.