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Politica : Avanzan las denuncias penales contra la Caja Popular: la Fiscalía investiga designaciones de Norry y Bustamante, sueldos y funciones de asesores

En el marco de las denuncias penales contra la conducción de la Caja Popular, la Fiscalía ordenó remitir resoluciones, expedientes administrativos, legajos y documentación salarial. Los requerimientos apuntan a esclarecer las designaciones de asesores, las funciones gerenciales que desempeñan, sus remuneraciones y los mecanismos de control de asistencia.

En el marco de las denuncias penales contra la conducción de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, la fiscal subrogante de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, Marta Mariana Rivadeneira, ordenó el 19 de noviembre de 2026 un amplio requerimiento de documentación sobre las designaciones de asesores, sus remuneraciones, la asignación de funciones jerárquicas y los controles de asistencia durante la gestión de Guillermo Norry y Antonio Bustamante.

imageLa medida se produce después de las denuncias formuladas por el abogado Gerardo A. N. Mignone, quien cuestionó presuntas irregularidades en la incorporación de personal de gabinete, la asignación de funciones gerenciales y la utilización de recursos públicos por parte de la Intervención designada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Los nombramientos cuestionados, bajo investigación

La Fiscalía requirió copias certificadas de todas las resoluciones de designación de asesores y personal de gabinete dictadas desde el 23 de enero de 2026, junto con los expedientes administrativos que respaldaron esos nombramientos. La documentación deberá incluir los dictámenes jurídicos, las intervenciones contables y las constancias presupuestarias, para verificar bajo qué procedimientos y fundamentos legales se realizaron las incorporaciones cuestionadas.

El pedido adquiere relevancia porque las denuncias habían cuestionado los procedimientos utilizados para incorporar asesores y el respaldo administrativo de esas decisiones. Entre los antecedentes denunciados aparece un costo estimado de $989 millones para el ejercicio 2026, correspondiente a once designaciones, según los cálculos incorporados en las presentaciones penales.

Qué documentación exige la Justicia a la Caja Popular

Además de las resoluciones y expedientes vinculados con los nombramientos, el decreto fiscal establece otros requerimientos destinados a verificar cómo funciona el personal de gabinete y bajo qué condiciones fue incorporado:

. Funciones gerenciales. La Fiscalía exige todas las resoluciones, órdenes de servicio y notas internas que hayan asignado funciones gerenciales, subgerenciales o de conducción operativa a asesores. El pedido comprende las áreas Financiera, Comercial, Sucursales, Asesoría Letrada, ART PopulART, CSI e Hipódromo. Se busca determinar si personal designado como asesor asumió responsabilidades propias de cargos jerárquicos y mediante qué instrumentos administrativos.

2. Sueldos y diferencias salariales. La Caja Popular deberá informar si los asesores perciben las mismas remuneraciones que los empleados de idéntica categoría y escalafón. En caso de existir diferencias, tendrá que justificar sus motivos e identificar las partidas presupuestarias utilizadas para el pago de esos salarios.

3. Control de asistencia. La Justicia exige conocer cómo se registra la asistencia del personal de gabinete, si mediante sistemas informáticos o planillas de firmas. Si existen asesores exceptuados de registrar, la institución deberá presentar las resoluciones o actos administrativos que autorizaron esas excepciones.

4. Legajos y declaraciones juradas. Se solicitaron los legajos personales completos y las declaraciones juradas de todos los designados como personal de gabinete desde febrero de 2026, para verificar sus antecedentes y las condiciones administrativas de sus incorporaciones.

5. Estructura institucional. La Fiscalía también requirió el organigrama completo de la Caja Popular y el marco normativo que regula su funcionamiento, con el objetivo de contar con la estructura formal frente a la cual analizar las designaciones y funciones cuestionadas.

Toda la documentación deberá remitirse en copias certificadas y mediante soporte digital auténtico.

La investigación entra en una nueva etapa

Los requerimientos representan un avance en la investigación de las denuncias penales contra Norry y Bustamante, al trasladar los cuestionamientos sobre nombramientos, salarios y funciones jerárquicas al terreno de la verificación documental.

La Caja Popular deberá aportar los antecedentes administrativos y presupuestarios de las designaciones cuestionadas, mientras la Fiscalía avanza en el esclarecimiento de los hechos denunciados y la determinación de eventuales responsabilidades.

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