Morosidad: Diputados analizan dos iniciativas para una problemática que golpea a casi 6 millones de argentinos
.La Cámara de Diputados prepara para enfrentar una nueva pulseada legislativa que vuelve a arrinconar al oficialismo.Tras los cortocircuitos internos desencadenados por la crisis en la emergencia en discapacidad, los bloques opositores lograron coordinar posiciones para impulsar un debate sobre la morosidad y el sobre endeudamiento familiar.
Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia deberán avanzar mañana con los dictámenes sobre los proyectos para atender la morosidad.La oposición negocia un texto común con el objetivo de reunir la mayor cantidad de firmas posible, Mientras la Libertad Avanza prepara una iniciativa propia Esa disputa definirá qué propuesta queda en condiciones de avanzar hacia el recinto. La reunión fue fijada por la Cámara de Diputados en el marco del emplazamiento aprobado el 9 de septiembre.
Ante este escenario, bancadas de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y bloques provinciales -como Argentina Federal, encabezado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad- buscan sintetizar casi 50 proyectos debatidos en las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia.
Entre los planteos centrales figuran planes de refinanciación, topes a las tasas, quitas de intereses y mayores controles sobre bancos y fintech.
Según trascendió, una de las iniciativas en discusión propone una línea directa de créditos a través de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios sociales para cancelar deudas previas en condiciones "menos perniciosas". El texto contempla montos de hasta $1,5 millones "en condiciones normales de mercado", fijando un límite del 30% en la relación cuota-ingreso del solicitante.
Por su parte, la propuesta del bloque de Herrera Ahuad apunta a prevenir situaciones de insolvencia estableciendo condiciones de financiamiento "razonables, transparentes y compatibles con la capacidad de pago de los consumidores", junto con herramientas de reestructuración financiera.
En la vereda opuesta, La Libertad Avanza (LLA) delinea un dictamen enfocado en la prevención y la transparencia, omitiendo esquemas de refinanciación u obligaciones de desendeudamiento para entidades financieras. La propuesta oficialista fue calificada por legisladores opositores como "ultra lavado" y "la nada misma".Desde el oficialismo remarcaron que el objetivo de su proyecto consiste en "darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar", sumando contenidos de educación financiera y digital.
Pese al debate en comisiones, la postura del Poder Ejecutivo es determinante y ya transmitió a los legisladores libertarios que está dispuesto a vetar cualquier norma sancionada que genere costo fiscal.
El reclamo político se fundamenta en el deterioro de las estadísticas financieras de los hogares. De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la base de registros del Banco Central (BCRA), la irregularidad en el pago de compromisos crediticios alcanzó el 15,5% al evaluar de forma conjunta a bancos y proveedores no financieros de crédito, como billeteras virtuales y fintech. El relevamiento gráfico de la deuda irregular en hogares expone un vertiginoso ascenso mensual de personas en situación 2 o superior dentro de la central de deudores del BCRA y morosos con entidades no bancarias.
En junio de 2024, el registro contabilizaba 1,77 millones de personas. A partir de ese momento, la curva mostró una aceleración constante: 1,84 millones en julio; 1,93 millones en agosto; 2,22 millones en septiembre; 2,33 millones en octubre; 2,68 millones en noviembre y 2,98 millones en diciembre de 2024.
El indicador profundizó su tendencia durante el primer semestre de 2025: 3,39 millones en enero; 3,80 millones en febrero; 4,26 millones en marzo; 4,76 millones en abril; 5,30 millones en mayo y un pico de 5,91 millones de personas con más de tres meses de atraso en junio de 2025.
De esta manera, sobre un universo de 20,96 millones de personas endeudadas en todo el sistema, casi seis millones registraban morosidad. De esa suma, 2,90 millones eran morosos exclusivamente con proveedores no financieros, 1,66 millones con entidades bancarias y 1,36 millones acumulaban compromisos irregulares con ambas partes.
Asimismo, estimaciones de Unión por la Patria señalan que el volumen de deuda de las familias trepó de $724.000 millones en julio de 2024 a $2,58 billones en julio de 2025.