Avance legislativo El Senado dio dictamen a la nueva ley de Discapacidad y el Gobierno busca aprobarla el 19 de noviembre

El Senado avanzó este miércoles con el proyecto de nueva ley de Discapacidad y lo dejó en condiciones de ser debatido en el recinto. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, obtuvo dictamen en un plenario de comisiones y el oficialismo busca convertirla en ley durante la sesión prevista para el próximo 19 de noviembre.

El tratamiento se realizó en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, encabezadas por los senadores Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista. 

El texto propone reemplazar el régimen de emergencia por un esquema permanente de prestaciones y financiamiento para el sistema de discapacidad, además de incorporar controles y mecanismos para regularizar las deudas con los prestadores.

Bullrich defendió el acuerdo y reclamó controles

Durante el plenario, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el consenso alcanzado entre distintos espacios políticos y sostuvo que la iniciativa busca dar previsibilidad a las personas con discapacidad y sus familias.

"Este proyecto busca dar una respuesta a las personas con discapacidad, generar previsibilidad en el tema y así se ha generado un encuentro en torno a este proyecto de ley, después de muchos desencuentros”, afirmó.

La senadora también defendió la incorporación de auditorías y mecanismos de fiscalización para garantizar que las prestaciones lleguen a quienes las necesitan y evitar irregularidades. En ese sentido, destacó que el proyecto establece procedimientos más ágiles para que los beneficiarios puedan presentar descargos ante eventuales suspensiones y contempla herramientas para intervenir frente a posibles situaciones de fraude.

Además, remarcó la responsabilidad del Consejo Federal de Discapacidad, las provincias y los municipios en el seguimiento del sistema. “Esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad”, sostuvo.

Patricia Bullrich defendió el acuerdo y destacó los controles previstos.

Los cuestionamientos de la oposición

Pese al avance del dictamen, algunos sectores opositores plantearon reparos sobre el proceso de elaboración de la iniciativa y la falta de consultas con organismos y organizaciones vinculadas con la discapacidad.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, cuestionó que no se haya convocado a los responsables del área ni a las entidades que representan al sector. “Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas”, advirtió.

La postura de Vigo coincidió con la de los diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, quienes votaron en contra del proyecto durante su tratamiento en la Cámara baja, el 22 de octubre.

Por su parte, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio también cuestionó la política del Gobierno hacia el sector. “Las personas con discapacidad fueron muy maltratadas por este Gobierno desde hace ya tres años”, afirmó. Sin embargo, anticipó que acompañaría el dictamen de mayoría. Explicó que, aunque no considera que sea el mejor proyecto, su bloque busca dar certezas sobre la continuidad de la protección legal y evitar que quede sin efecto la ley de Emergencia.

Alejandra Vigo cuestionó la falta de participación de las organizaciones

Qué establece la nueva ley de Discapacidad

El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, establece un régimen permanente para las prestaciones y su financiamiento. Entre sus puntos centrales, ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal y permite cobrarla junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

También garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora las partidas presupuestarias necesarias para su funcionamiento. Para ello, habilita la utilización de fondos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.

La iniciativa, además, establece la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas. En cuanto a la suspensión de beneficios, dispone que las personas afectadas reciban una notificación fehaciente y cuenten con un plazo de 60 días para presentar un descargo. Una vez cumplido ese período, la autoridad competente deberá revisar cada situación.

El financiamiento, el punto central de la negociación

La garantía de recursos fue uno de los aspectos centrales de las conversaciones entre el oficialismo y los bloques opositores. El texto establece que los gastos del sistema deberán cubrirse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud y que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

Ese compromiso permitió reunir respaldos para avanzar con un régimen permanente que reemplace la declaración de emergencia. Además, el proyecto incorpora un cronograma para regularizar durante este año los pagos adeudados a los prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad.

Con el dictamen aprobado, la iniciativa quedó habilitada para su tratamiento en el recinto. La intención del oficialismo es incluirla en la sesión del 19 de noviembre y conseguir la sanción definitiva antes del cierre del período ordinario.