Maximiliano Vallejo fue embargado junto a su madre por $40 mil millones en la causa Sur Finanzas

 El Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora decidió ir a fondo en la causa conocida como Sur Finanzas, dictando embargos récord de 40.000 millones para Maximiliano Ariel Vallejo  y un monto idéntico para Graciela Beatriz Vallejo, al considerar que semejante castigo económico está a la altura del daño financiero que generaron.

          Maximiliano Ariel Vallejo

¿Cómo se llega a un número que cuesta dimensionar en una calculadora tradicional? El fallo judicial pone la lupa sobre una maniobra escandalosa. Según los expedientes, en enero de 2025 el líder de la red firmó una certificación de fondos para el tramo de su billetera virtual donde "olvidó" declarar casi 20.000 millones de pesos. Al descubrirse ese bache, la multa automática escaló al doble de lo omitido, desnudando el volumen de efectivo que manejaba esta asociación ilícita que operó impunemente desde septiembre de 2020 hasta fines de ese mismo 2025.

La estructura criminal funcionaba con una división de tareas que quedaba en familia. Para los investigadores, Maximiliano Vallejo no era un simple prestanombre o gerente, sino el jefe y arquitecto indiscutido de esta red dedicada a blanquear dinero y borrar rastros ante los entes de control. Su madre, Graciela, oficiaba como la gran operadora del sistema: la Justicia le adjudica un rol central.

Pero los Vallejo no operaban solos, y el peso de la ley también cayó sobre un largo listado de cómplices que sostenían la estafa. Las sanciones económicas funcionaron en cascada según el grado de responsabilidad en la trama: María Fernanda Sena Argis recibió un embargo de Argis recibió un embargo de 20.000 millones de pesos, seguida por Gerardo Salvador Carrozza con 10.000 millones. El abanico de castigados incluye a más de una decena de operadores, con penalidades que van desde los 5.000 millones hasta "apenas" 10 millones de pesos para los eslabones más débiles de la cadena.

Sociedades pantalla y el lujo inmobiliario incautado

El juzgado también apuntó los cañones contra las personas jurídicas que sirvieron de fachada. Las firmas Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A. se llevaron la peor parte con bloqueos de 30.000 millones de pesos cada una, mientras que empresas satélites como Centro de Inversiones Concordia, Roma Inversiones, Ars Cambios y Gestiones San Miguel sufrieron embargos multimillonarios que paralizaron sus operaciones de golpe.

Más allá de los ceros en las cuentas bancarias virtuales, la Justicia avanzó sobre los bienes físicos El fallo ordenó el decomiso directo de una flota de vehículos y un catálogo de propiedades de lujo que exponen el elevado nivel de vida de los imputados. Entre las incautaciones más jugosas destacan una imponente residencia en el exclusivo Saint Thomas Este Country Club de Canning, un lote en Fincas de San Vicente y diversas unidades a nombre de la matriarca del clan.

El golpe maestro del operativo incluyó además el desmantelamiento de la base de operaciones físicas de la red. Los tribunales ordenaron intervenir la emblemática casa central de Sur Finanzas, ubicada sobre la calle Seguí al 700 en la localidad de Adrogué, junto con otro inmueble aledaño. Con esta resolución, la Justicia busca no solo desarmar la ingeniería financiera de la banda, sino garantizar los bienes necesarios para resarcir al Estado tras media década de operaciones clandestinas a la vista de todos.