Ropa usada importada: el Gobierno modificó el marco regulatorio que estaba desde los 90‘s

 La disposición, articulada entre la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía y la cartera de Salud, busca actualizar normativas transitorias vigentes desde los años noventa para blindar la salud pública, evitar el ingreso de plagas y alinear los estándares locales con los requerimientos técnicos de mercados como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea.

Resolución 461/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece pautas de desinfección rigurosas que los importadores deberán certificar antes del arribo de los cargamentos. Entre las exigencias obligatorias, las prendas tendrán que someterse a un lavado a más de 71 grados centígrados durante al menos 25 minutos, seguido por un proceso de secado a más de 60 grados o la aplicación de radiación UV en el caso de tejidos delicados para erradicar cualquier microorganismo en costuras y pliegues. Asimismo, los fardos requerirán tratamientos de desinsectación y acaricidación orientados a neutralizar plagas como las chinches de cama, y el producto final deberá registrar un pH neutro de entre 5.5 y 7 para evitar que los restos químicos provoquen alergias o irritaciones en la piel de los usuarios.

Al mismo tiempo, la resolución fijó prohibiciones tajantes para impedir riesgos biológicos de origen. Quedó completamente vedada la importación de ropa interior usada, calzado de segunda mano y cualquier textil que provenga de sanatorios, hospitales, clínicas veterinarias o sitios donde la tela haya tenido contacto con fluidos biológicos humanos o animales.

Para tramitar el ingreso, las empresas deberán presentar su solicitud de manera digital en la plataforma Trámites a Distancia (TAD), adjuntando el certificado emitido por un organismo internacional acreditado bajo la norma ISO/IEC 17065 y validado por el Organismo Argentino de Acreditación. Las compañías tendrán la obligación de archivar toda la documentación probatoria durante un mínimo de 24 meses para futuras auditorías oficiales.

En materia de tiempos administrativos, si la autoridad técnica no emite un pronunciamiento expreso dentro de los diez días hábiles posteriores a la presentación completa, la operación quedará aprobada en forma automática. A partir de esa notificación de habilitación, el importador contará con un plazo de noventa días hábiles para despachar los contenedores a plaza.

Por último, el marco regulatorio contempla sanciones severas para quienes intenten vulnerar las exigencias. Si la Aduana comprueba irregularidades en la carga o en los papeles presentados, los fardos deberán ser reembarcados de inmediato al país de origen en un plazo de treinta días corridos, afrontando el importador todos los gastos logísticos. En caso de reiterar la infracción, la empresa quedará inhabilitada para operar en el rubro textil por un lapso de tres años, al margen de las responsabilidades penales correspondientes por infracciones al código aduanero o delitos contra la salud pública.